El destino de 149. 870 hectáreas de área de conservación, ubicadas en la región San Martín, que constituyen parte del territorio ancestral de los pueblos indígenas kechwas, shawis y awajun y morada, además, de especies en peligro, penden del consentimiento de la empresa petrolera Talisman para que se apruebe el llamado Plan Maestro, el cual define los usos de la zona.  

Esta paradójica realidad, podría suscitar una pregunta central: ¿Podrá (o querrá) esta empresa de extracción de crudo dar su consentimiento al gobierno regional de San Martín para que apruebe el Plan Maestro del Área de Conservación Regional (ACR)"Cordillera Escalera, donde quedan expresamente prohibidas las labores de extracción de petróleo?

El Instituto de Defensa Legal (IDL) no ha tenido tan clara esta respuesta y ha decidido interponer una demanda de amparo contra el Servicio Natural de Áreas Protegidas por el Estado (SERNANP), organismo adscrito al Ministerio del Medio Ambiente. Mientras, las comunidades indígenas de la zona reclaman la consulta previa sobre el Plan Maestro. Afirman que el ACR se superpone a territorios ocupados ancestralmente por sus pueblos, y desde la creación de éste, se ha restringido su acceso a zonas importantes para su subsistencia.

Creación sin consulta del ACR

El Área de Conservación Regional Cordillera Escalera se creó el 25 de diciembre de 2005 por Decreto Supremo (045-2005-AG) con el objeto de “conservar y proteger los recursos naturales y la diversidad biológica de los ecosistemas frágiles”, así como para proteger las cuencas hidrográficas que nacen en esta cordillera.

Sin embargo, los pueblos indígenas kechwas, shawis y awajun no participaron ni en su implementación ni en la elaboración del Plan Maestro. “No fuimos consultados, y se ha superpuesto a territorio ancestral de pueblos originarios. ¿Dónde vamos a tener que trabajar, sembrar? Nosotros nunca hemos destruido el bosque, porque para nosotros es el mercado: es la ferretería, es nuestro hospital. No nos van a imponer, sin saber de lo que nosotros vivimos en el bosque”, afirma EliasSinti, vicepresidente de la Federación de Pueblos Indígenas Kechwas de la Región San Martín (FEPIKRESAM).

“Tenían derecho estas comunidades a la consulta previa, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, porque afecta a sus derechos”, explica Anahí Chaparro, antropóloga del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP). “Las comunidades perdieron la capacidad de opinar sobre zonas que utilizan. Se vieron afectadas en el uso tradicional al que hacen de la zona, porque más del 80 % del área es de protección estricta”, precisa Miguel Valderrama, coordinador de CooperAcción. El experto explica que varios comuneros fueron denunciados en 2010, porque “supuestamente estaban derribando árboles, cuando en realidad, lo que estaban haciendo era abrir nuevamente sus chacras en el ACR, que constituye su zona de uso tradicional”.

Tras la explotación del lote 103

Las ambiciones por explotar crudo en el lote 103, por parte de la empresa petrolera Talisman, en alianza con Repsol YPF y Petrobras, culminaron en 2009 con la sentencia que dictaminó el Tribunal Constitucional (TC), por la cual se estableció que solo se podrá realizar actividad de exploración y explotación petrolera en este pozo, siempre y cuando ésta sea compatible con la protección del ACR, y esa compatibilidad se vería en el Plan Maestro de dicha área natural protegida (el cual debía ser actualizado).

A pesar de que existía una concesión petrolífera anterior a la creación del ACR, el TC determinó que no era el “criterio cronológico” el que debía seguirse, sino el “criterio de la importancia del bien jurídico afectado”, en este caso, el medio ambiente.

Cuando la sombra de la empresa hidrocarburífera parecía disolverse sobre esta zona, reapareció con el informe que emitió la SERNANP el 10 de abril de 2014, tras haber revisado el segundo Plan Maestro (pues el primero rige para el período 2007-2011, aunque sigue vigente por la falta de actualización del mismo) presentado por el Gobierno Regional, el cual determina que “no podrán establecerse Zonas de Protección Estricta (ZPE) y Zonas Silvestres (ZS), sobre predios de propiedad privada y/o que contengan derechos adquiridos o preexistentes a la norma aplicable, salvo consentimiento escrito del titular del derecho”.

“Lo que está sosteniendo SERNANP en buena cuenta, es que si el Gobierno Regional quiere que el Plan Maestro (donde se señala que no son compatibles las labores hidrocarburíferas con los objetos de conservación del ACR) sea aprobado por este organismo, debe conseguir un consentimiento expreso de las compañías petroleras titulares del Lote 103, en cuya extensión se encuentra incluido casi el 97% del ACR-CE”, sostienen los abogados Juan Carlos Ruiz y Octavio Manuel Alvarado en un informe, quienes concluyen que es inconstitucional la posición de este organismo adscritoal Ministerio de Medio Ambiente;por esta razón se interpuso una demanda de amparo contra el SERNANP.

A la espera de la consulta previa

Mientras el Plan Maestro sigue en suspenso, las comunidades siguen demandado respuesta a su solicitud formulada el 11 de octubre de 2013 en la que piden al Gobierno Regional que dé inicio al proceso de consulta sobre la actualización del Plan Maestro del ACR "Cordillera Escalera. “Tenemos que discutir las comunidades sobre el Plan Maestro, y llegar a un acuerdo sobre las zonas del ACR”, declara William Guerra, presidente de FEPIKRESAM.

La antropóloga Anahí Chaparro señala que el proceso de consulta se inició pero fue interrumpido: “Finalmente, el Proyecto Huallaga (a través del cual el Gobierno Regional administra la ACR "Cordillera Escalera), por presión del Viceministerio de Interculturalidad y de las organizaciones indígenas, aceptó realizar la consulta previa sobre la actualización del Plan Maestro”. Chaparro explica que se inició la primera etapa de la consulta, etapa en la que participó el Viceministerio de Interculturalidad y que no se pudo avanzar más.

“Se hizo la identificación de pueblos indígenas que duró unos seis meses, pero finalmente no se terminó”, declara Víctor Cachique, representante de la Oficina Regional de Pueblos Indígenas de San Martín (ORDEPISAM).

El impedimento para la realización de la consulta vendría del ejecutivo. “Debido a la primera experiencia de ACR en Loreto,el SERNANP le ha dicho al Viceministerio de Interculturalidad que no puede aprobar las consultas por áreas de conservación regional a menos de que tenga primero su visto bueno, pero además, el consentimiento de los operadores del lote 103, como titulares de derechos adquiridos”, explica Chaparro.

Esta situación es la que estaría provocando la suspensión de la consulta previa hasta que no se resuelva la demanda de amparo interpuesta contra el SERNANP.“Se espera que el juez de la Corte Civil de Tarapoto resuelva de manera favorable, y en función de ello, se terminen de subsanar todas las observaciones del documento del SERNANP, y con la propuesta ya consolidada se pase a la consulta”, comenta Valderrama.