En los procesos de consulta, como Ministerio hemos avanzado en el marco de las funciones que nos tocan: hemos publicado este año en la base de datos la información sobre el pueblo aimara y jaqaru, y hemos avanzado en la identificación de los instrumentos metodológicos y las directivas para poder hacer la identificación de pueblos. Ahora es la entidad promotora, el Ministerio de Energía y Minas que, si bien ha identificado las medidas a ser consultadas, tiene que ser la entidad que inicie los procesos. Hemos estado haciendo una revisión de todas las resoluciones directorales que han ido emitiendo, pero también esperar que no solamente sea un proceso de iniciativa del propio sector, sino que también hay el mecanismo del derecho de petición que tampoco ha sido activado por ninguna organización indígena en el caso de minería.  

La entidad promotora todavía no ha explicitado un proceso en proyección, el sector no nos ha comunicado ninguno, pero tampoco tienes del otro lado una presión o demanda de parte de las propias organizaciones indígenas andinas en relación a un proceso de consulta específico en minería.

El MINEM inició desde el año pasado una serie de actividades vinculadas a la información y difusión en relación al alcance del derecho a la consulta previa. Se hizo una propuesta de capacitación que se consensuó con el Ministerio de Cultura, definimos los contenidos, hicimos dos actividades conjuntas en Apurímac, y en el norte. Esas fueron las dos actividades que nosotros acompañamos, y luego ya el MINEM tenía su propio plan de capacitación. Han estado trabajando con autoridades comunales para presentar el alcance del contenido de la consulta en minería.  

Entonces, desde el Viceministerio consensuamos el contenido, acompañarlos en estas dos actividades piloto y a partir de ahí el MINEM ha hecho su propio proceso.

Según el Reglamento de la Ley de Consulta Previa quien define qué medidas van a ser consultadas es la entidad promotora, y el viceministerio tiene la tarea de emitir su opinión en relación a esa medida, que es lo que hemos hecho. En el caso de las actividades de minería, y en el caso de hidrocarburos, y en otros temas, se han identificado las medidas a través de las resoluciones ministeriales correspondientes, y el Ministerio ha opinado en relación a ellas.  

Tenemos un cambio importante que es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), que es la nueva autoridad vinculada a la revisión de los EIA y los términos de referencia que los guía. El SENACE es una nueva entidad que tiene que identificar si es que va a tener medidas a ser consultadas, y el primer sector que va a transferir o con el que cual va a empezar es con el MINEM. Hay una nueva institucionalidad que implica la oportunidad de revisar con ella y ver si los EIA van a ser identificados como parte de los procesos de consulta.

Es una buena oportunidad, porque deberíamos participar en esa discusión el Viceministerio de Interculturalidad, SENACE y el Ministerio de Medio Ambiente. Eso hace que la posibilidad de evaluar los pros y los contras sea más compartido con otros sectores.

Sí, claro. El proceso de consulta previa en el lote 169 fue el primero, y el 195, el segundo. Son procesos que te van dando la pauta de lo que tienes que corregir y de lo que se tiene que mejorar. Lo que te da la Ley y el Reglamento son los marcos, y uno tiene que ir dando contenido adecuado conforme la realidad te vaya mostrando lo que funciona y lo que no. Creo que a partir de éstos, se han ido mejorando, porque en realidad lo que estás haciendo es construyendo el contenido de un derecho. Considero que ahí el Viceministerio siempre ha mantenido la apertura para poder recibir las discusiones, las cuestiones que no han quedado satisfechas de parte de las organizaciones y de las entidades promotoras, en relación a nuestro rol o al rol de éstas. Por ello, hemos promovido reuniones internas entre nosotros y las organizaciones indígenas para que nos hagan la devolución de lo que consideran que hay que corregir, y también con la entidad promotora. Creo que ha cambiado mucho entre el primer proceso y ahora lo que estamos desarrollando.

Son procesos muy complejos de información: quién va a hacer qué, el momento de la consulta, que implican un reto muy grande que es cómo haces para que esta información pueda servir para el diálogo, porque transmitir la información no es el objetivo de la consulta. El objetivo de ésta es llegar a un acuerdo y para alcanzarlo la base es la información. Seguramente tendremos que seguir mejorando los mecanismos.

En relación a los plazos, no son impuestos por el Ministerio. Esta institución tiene un plazo legal marco, pero existe lo que se llama el “principio de flexibilidad” que implica que si la comunidad o la organización considera que ese plazo que se ha señalado para la etapa de información es muy corta, la organización puede pedir más plazo. Eso se hizo en el Reglamento Forestal y de Fauna Silvestre.