Es importante que se haya iniciado la implementación de las normas de consulta previa que se dictaron entre el 2011 y 2012, creo que la finalización de estos procesos demuestra que es posible llevarlos a cabo entre el Estado y los pueblos indígenas. Sin embargo, hay varios temas que muestran que se necesitan reformas o cambios en la gestión de la consulta. Una primera cuestión es respecto de los actores involucrados en los procesos: salvo en las consultas nacionales, las demás consultas vinculadas a proyectos o con decisiones ligadas al territorio se han llevado a cabo en la Amazonía, y se ha dejado de lado todo el ámbito andino. Eso además está ligado a que todavía hasta la fecha no se incorporan las comunidades campesinas de origen quechua dentro de la base de datos de pueblos indígenas; solo ha ocurrido con las comunidades aimaras y jaqaru. Por lo tanto, tenemos un déficit. Eso también ha llevado a que el sector de Energía y Minas no ha llevado a cabo ninguna consulta previa.  

Un segundo elemento, es que las decisiones que se han adoptado hasta el momento todavía no se han concretado en una decisión final del Estado. El caso más visible de ello es lo que está ocurriendo con el pueblo indígena Maijuna y Kiwchua, que participaron en la primera consulta hace 16 meses para la creación de un área de conservación regional y, hasta el momento, dicha área todavía no se ha creado. En tercer lugar, vamos viendo el tipo de acuerdos que se pueden lograr en estos procesos. Determinados proyectos, en particular, los extractivos requerirán de una consulta temprana, vinculados con las actividades de exploración, y una consulta posterior, al menos una, en lo que refiere a la explotación para asegurar de que la información esté disponible en un nivel suficiente para asegurar que los pueblos tomen decisiones con la información adecuada.

El Ministerio de Cultura tiene un rol directo que todavía no está completo. Al no haber completado la publicación de la base de datos de pueblos indígenas, no habrían cumplido su tarea. Esto debe corregirse en la brevedad. Hay que recordar también que el Ministerio de Cultura, a través del viceministerio, tiene un rol muy claro en la rectoría del tema de consulta, e inclusive, tiene un rol de segunda instancia para definir donde se requiere consulta en determinados casos. Ese rol no está siendo usado de manera activa, y creo que debería de haber una mayor decisión respecto de asegurar que se haga consulta en aquellos casos donde la legislación es muy clara.  

Es posible que en determinados casos terminemos con procedimientos judiciales-administrativos que obliguen a llevar a cabo la consulta. Sin embargo, estos mecanismos no deberían ser la regla, sino la excepción.