La consulta se encuentra en la fase de diálogo- la penúltima de siete etapas- donde se están debatiendo las propuestas de los pueblos indígenas acerca de las condiciones de la continuidad de la explotación del Lote 192 por 30 años más. El 4 de agosto será la apertura de sobres, es decir, ese día se abrirán las propuestas técnicas presentadas por los postores: las empresas Pluspetrol, Pacific Rubiales y Perenco. Dos días después, el 6 de agosto, se anunciara el ganador de la licitación. 

El viernes pasado el Estado dio a conocer sus respuestas a las propuestas de los pueblos indígenas. Sobre los principales puntos, aquello en donde las comunidades y federaciones buscan asegurar su derecho al territorio, salud, desarrollo y beneficios, no existen puntos de convergencia en la respuesta del Estado.

Asimismo, El Estado parece confundir estas nuevas propuestas que intentan poner condiciones a la explotación petrolera en los siguientes 30 años, con el cumplimiento de los acuerdos del acta del 10 de marzo, que busca solucionar los problemas ocasionados por 45 años de actividad petrolera.

Cabe señalar que estas propuestas se encuentran en el Acta de Evaluación Interna y han sido formuladas por las comunidades de las cuencas de los ríos Corrientes y Pastaza en el proceso de consulta previa.

Las comunidades nativas manifestaron su profunda preocupación por los impactos que supondrá explotar 138 millones de barriles de petróleo, con desechos de más de 6000 millones de barriles de agua de producción que se re-inyectarán en la tierra, dadas los impactos negativos de la reinyección en curso el Lote 192 reportados por Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Asimismo, mostraron su preocupación sobre las garantías que se dispondrán en el contrato para que los impactos negativos sean, en lo posible evitados o por lo menos minimizados y remediados adecuadamente.

Atención a la salud y beneficios para las comunidades

Las comunidades y federaciones exigen monitoreo a la salud de la población durante los próximos 30 años de actividad petrolera, mediante estudios toxicológicos y epidemiológicos que les informe periódicamente la situación de la salud en las comunidades, y se generen atenciones a partir de estos resultado. Perupetro sostiene que en el marco del Acta del 10 de marzo sería suficiente realizar un estudio epidemiológico y toxicológico.

En estos más de 40 años de explotación petroleras se declararon cuatro emergencias ambientales, y diversos informes estatales realizados por Osinergmin, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) o la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) que alertaban de la presencia de metales pesados como el bario o el plomo, y de hidrocarburos totales de petróleo en altas concentraciones.

Los pueblos indígenas están proponiendo beneficios directos de la producción petrolera, a través del establecimiento de un fideicomiso que les permita financiar proyectos de desarrollo sociales, ambientales y económicos, así como la necesidad de una comisión técnica de gestión para garantizar el uso adecuado de esos recursos. Sobre este punto no ha habido respuesta.

Otro tema importante es la creación de espacios tripartitos (Estado-Empresa-Comunidades y Federaciones) para el establecimiento de la compensación por servidumbres y una adecuada valorización, teniendo en cuenta criterios ambientales, sociales, culturales y económicos. Perupetro ha sostenido al respecto que ya existe una ley que establece negociación directa entre operador y propietario; sin embargo, lo que se suele dar frecuentemente es la imposición de una parte sobre la otra, dada las asimetrías de poder existentes. Es por esta razón que se justifica espacios como los propuestos.

Asimismo, considerando que dentro del lote existen ocho comunidades nativas, se está proponiendo que se establezcan zonas indispensables para la supervivencia económica y cultural de esas comunidades como por ejemplo, cochas, zonas de caza, lugares sagrados, etc.

Remediación y controles a la contaminación ambiental

Existe incertidumbre sobre cuándo y cómo se realizará la remediación ambiental, ya que la empresa Pluspetrol se negó a levantar las observaciones del OEFA sobre el Plan de Abandono, donde se le exigía incorporar 92 sitios contaminados y otros identificados por el OEFA, Ante ello los pueblos indígenas están planteando que el Estado incremente en 200 millones el fondo de remediación creado para remediar lugares no considerados por la Pluspetrol. Sobre esto, Perupetro no responde con precisión.

Las comunidades señalaron que aceptan la licitación, pues sus opciones son limitadas y saben que es muy difícil oponerse a una operación que abastece una parte importante del consumo nacional de combustible. Pero también, son conscientes de los altos costos que significan la explotación petrolera para sus comunidades, y las próximas generaciones, teniendo en cuenta además que con los denominados paquetazos ambientales aprobados por el Ejecutivo se ha debilitado la fiscalización ambiental; por ejemplo, el OEFA tiene limitada su potestad sancionadora durante tres años, así como se han reducido las exigencias para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

Una de las propuestas planteadas es la de nuevos instrumentos de gestión ambiental. Se les ha dicho que los pozos que seguirán explotándose deben regirse por las obligaciones establecidas en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental-PAMA y el Plan Ambiental Complementario-PAC, instrumentos que utilizan estándares ambientales muy bajos, como el permitir que en los lugares remediados del lote exista 30 veces más contaminación que en cualquier otro lugar remediado.

Los pueblos indígenas saben que la elaboración de un nuevo estudio ambiental demora, por ello están planteando la creación de una comisión técnica que se responsabilice de estos nuevos instrumentos en un plazo razonable y que ello no suponga paralizar la producción. Plantean asimismo mejorar la participación de los pueblos indígenas en el proceso de elaboración y evaluación de los estudios ambientales y garantizar un programa de monitoreo ambiental independiente cuyas actividades sean financiadas por un fondo fideicomiso. Dado que el ducto que transporta el petróleo ha sufrido roturas por su antigüedad y deterioro, lo que ha ocasionado contaminación en reiteradas oportunidades, se está proponiendo que Perupetro promueva el cambio de éste en condiciones óptimas y con la participación de las comunidades afectadas.

Primera consulta en el Lote 192, tras más de 40 años de explotación

La consulta previa en el lote 192 no es un proceso más: es la misma prueba de hacia dónde va la consulta en el país. En este lote se disponen las reglas del juego que el Estado está dispuesto aceptar con los pueblos indígenas; además es emblemático, porque fue el primer lote donde el Ejecutivo anunció que celebraría la consulta previa en agosto de 2012, por ser un caso complejo con pasivos ambientales que afectan a las comunidades indígenas de las cuencas Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón desde hace más de cuarenta años, y porque de este lote se extrae el 11,7% del crudo nacional.

“Los planteamientos formulados son completamente razonables y buscan asegurar una convivencia en mejores términos entre empresa y comunidades. Asimismo, busca que el Estado se constituya en garante de derechos, llenando el vacío que dejó por años y que ha dado pie a que la calidad de vida de estos pueblos se vea disminuida”, sostiene Ana Leyva, de CooperAcción.

En este caso las comunidades han conseguido que se consulte el contrato de licencia de exploración y explotación petrolera que regirá las actividades del nuevo operador y no sólo el Decreto Supremo que lo aprueba, que es lo establecido en la normativa –y lo que se ha consultado en otros lotes -. Por tanto, en este caso se consultarán las condiciones sobre las que se explotará el Lote 192 por 30 años más.

El proceso ha sufrido idas y venidas: más de tres años de diálogo, cuatro emergencias ambientales, una emergencia sanitaria y dos comisiones multisectoriales así como momentos de escalamiento del conflicto por la lentitud para atender los graves problemas ambientales y de salud generados tras más de 40 años de explotación.

“En términos del proceso de consulta, y licitación para un nuevo titular del lote, lo mínimo que el Estado debe ofrecer son acuerdos de modificación del contrato y cambios en la normatividad sectorial. Las reglas no pueden seguir siendo las mismas, 30 años más de convivencia indígena con la explotación petrolera merece algo más”, declara Miguel Lévano, de Oxfam.