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Perú enfrenta grandes desafíos para fortalecer el proceso de consulta previa

A pesar de que existe un progreso en la implementación del derecho a la consulta en Perú y la región, garantizar los derechos de los pueblos indígenas va mucho más allá de este derecho, afirman especialistas.

Publicado: 2016-03-14

(Lima, 26 de febrero del 2016). El Viceministerio de Interculturalidad, el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), junto a Oxfam y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), como representantes de la sociedad civil, se reunieron en la conferencia: “¿Quién tiene el derecho a decidir? Tendencias sobre la consulta previa en minería y petróleo”. En ese espacio, coincidieron en la necesidad de mejorar la puesta en marcha de la consulta previa a los pueblos indígenas y garantizar sus derechos. La conferencia se desarrolló en el marco de la reunión mundial de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), que tuvo lugar esta semana en Lima. 

"Perú es uno de los países con un marco legal más avanzado. Además, el Tribunal Constitucional está en la vanguardia latinoamericana en cuanto a la calidad y cantidad de decisiones sobre consulta previa", resaltó Daniel Cerqueira, oficial sénior de DPLF, y autor del informe presentado ayer titulado: Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina.

Según el informe, Colombia es uno de los países con una institucionalidad más fuerte respecto a la consulta previa, mientras Brasil y Guatemala son motivo de una preocupación especial, debido a la falta de diálogo entre el Gobierno e indígenas en el primero, y por la criminalización de los líderes indígenas en el segundo.

Tras 23 procesos de consulta culminados en Perú, Ángela Acevedo, representante del Viceministerio de Interculturalidad, destacó que se trata de un "proceso de aprendizaje permanente". Acevedo subrayó la necesidad de fortalecer las organizaciones indígenas y dar un mayor seguimiento a los acuerdos tras los procesos de consulta.

Eduardo Vega, Defensor del Pueblo, resaltó la importancia de que las próximas autoridades brinden claras señales a favor de la consulta como garantía del derecho de los pueblos indígenas y de estabilidad para las decisiones e inversiones que promueva el Estado: “Es una oportunidad para que durante los próximos cinco años que preceden a la celebración del bicentenario de nuestra independencia, renovemos la vocación democrática de nuestras instituciones y labremos una nueva visión del país en la que los pueblos indígenas sean verdaderamente actores de su propio desarrollo”, sostuvo Vega.

Latinoamérica consulta

Quince países de la región asumieron el reto de consultar a los indígenas sobre su futuro, tras ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y aprobar normas nacionales. Sin embargo, la paradoja latinoamericana reside en que a pesar de que los pueblos indígenas viven el mayor reconocimiento de sus derechos en términos legales, durante la última década se han incremento los conflictos sociales por el boom de proyectos mineros, petrolíferos y de gas.

Emily Greenspan, especialista de Oxfam, explicó que los proyectos mineros pueden perder hasta 20 millones de dólares semanales por retrasos en el inicio de operaciones, debido a conflictos sociales. La experta afirmó que existe en la región un "progreso positivo" en la puesta en marcha de este derecho, pues se ha entendido como una pieza fundamental para garantizar los derechos de los indígenas, pero además como una manera de reducir los conflictos sociales.

Cada vez más empresas extractivas en la región adoptan políticas que reconocen el derecho a la consulta previa: de solo cinco compañías que en 2012 contaban con estas políticas, en la actualidad se han documentado 15, siendo el sector petrolífero el más rezagado, revela el documento Índice de consentimiento de las comunidades 2015 elaborado por Oxfam.

El Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) es una de las asociaciones que ha adoptado una posición de respeto a la consulta previa, libre e informada. Su vicepresidente, Aidan Davy, remarcó que se está dando un "cambio significativo del sector minero con respecto a escuchar las necesidades de los pueblos indígenas". "El consentimiento construye compromisos, generando entendimiento", comentó Davy.

Consultado sobre la carta enviada por organizaciones de la sociedad civil al presidente del ICMM, donde muestran su preocupación por comentarios críticos hacia la consulta vertidos por representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE), Davy respondió que se trataba de "sorprendentes comentarios". Puntualizó que la SNMPE es un miembro asociado, un tipo de membresía diferente al que guardan las compañías mineras miembro, y que aunque no se extienden las mismas obligaciones a esta segunda capa, es importante porque "es una parte valiosa de nuestra red".

Una preocupación adicional que sucede en Perú y en otros países es que muchos procesos de consulta previa tienden a volverse "sin sustancia", pues las comunidades no deciden sobre cuestiones fundamentales del proyecto, sino que en algunos casos, deciden sobre la responsabilidad social corporativa de la empresa. En este contexto, uno de los mayores desafíos es "lograr que la consulta busque el consentimiento".

Por otro lado, en respuesta al debilitamiento ambiental y social por un conjunto de normas aprobado desde el 2013 por el Gobierno, Oxfam e instituciones aliadas están impulsando una campaña en defensa del medio ambiente. Consiste en la recolección de firmas para exigir a los candidatos/as presidenciales y al Congreso peruano que garanticen y fortalezcan los Ministerios del Ambiente y Cultura, además de la consulta previa, libre e informada. Para más información, ingresar a: https://act.oxfam.org/peru/defendamos-nuestro-medioambiente


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