Por lo menos la mitad de la población del distrito de Aguaytía, en Ucayali, es pobre y padece de desnutrición crónica infantil. Esta zona está habitada por los pueblos indígenas Cacataibo y Shipibo-konibo, y también cuentan con un alto nivel de analfabetismo. Allí se realizó la consulta previa del Lote 195, que tiene una extensión de 340 mil hectáreas, en plena amazonía. Después del proceso de la consulta PerúPetro aprobó el Decreto Supremo que suscribe el contrato de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en esa zona, sin informarles a las comunidades indígenas de los impactos de la actividad petrolera. 

Lizardo Cauper, presidente de ORAU-AIDESEP, afirma que no se les ha informado qué implica este contrato para la población: “¿Dónde están los derechos colectivos que van a garantizar? ¿Cuál es la responsabilidad que va a tener la empresa si hay un problema en el futuro?”. Asimismo, informa que desconocen el contenido del Estudio de Impacto Ambiental y los compromisos y propuestas para las comunidades.

Otro de los reclamos es que se ha llevado el proceso de manera muy rápida, con deficiente comunicación entre la empresa y población. Según Jeiser Suárez, traductor del pueblo shipibo, las poblaciones han tenido problemas de entendimiento, debido a la velocidad de las capacitaciones por sacar el proceso en un corto tiempo. “La empresa estatal Petroperú sólo busca cumplir con los procesos para conseguir la aprobación de la población, sin importarles si las poblaciones han entendido”.

Suárez añade que en los procesos de la consulta previa no se está hablando del problema del impacto ambiental o de la contaminación, como por ejemplo cómo es un derrame de crudo y qué tipo de problemas o consecuencias puede traer. “Nada es malo, todo es bueno, todos tienen que decir que sí, y tienen que aceptar que sí”, dice.

“Se deben de corregir muchas cosas, y que la entidad no lo entienda como un proceso de trámite que ha terminado los 90 días y ya cumplió con la consulta previa. ¿Cómo queda la comunidad después?¿Quién va a seguir informando? Necesitamos una información completa de lo bueno y de lo malo”, sostiene Cauper.

Segundo Pino, dirigente indígena de FENACOCA recuerda que en la zona ya ha habido impactos a raíz de la explotación de dinamitas, “se bajaron un cerro, lo que provocó la muerte de pescados”, señala.

La consulta en extractivas: un trámite

Casos como este se vienen repitiendo en diversas consultas realizadas en los sectores extractivos, tanto hidrocarburos como minería. La información brindada en la consulta es tan general que los acuerdos, en vez de abordar los impactos específicos que producirá la actividad, se enfocan en obligaciones generales que ya de por sí tiene el Estado por Ley, por ejemplo “que se respete el medio ambiente”, “que la empresa cumpla con sus compromisos”, “que el Estado cumpla con fiscalizar”.

Hasta el momento se han desarrollado 34 procesos de consulta, de los cuales 21 han sido en el sector extractivo: 11 en minería y 10 en hidrocarburos.

“Los pueblos indígenas exigimos que la consulta no sea un mero trámite administrativo y se tenga la aplicación efectiva de lo que manda el Convenio 169 de la OIT. Que sea un mecanismo para llegar a acuerdos”, explica Gladys Vila, dirigente indígena de Huancavelica, quien también destacó la importancia de la participación de mujeres, jóvenes y niños en los procesos de consulta.

Los expertos remarcan que hay una enorme insatisfacción de parte de los pueblos indígenas, porque no se les está permitiendo defender sus derechos colectivos más importantes.

Página web: https://consultape.com/